La captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha generado incertidumbre en el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo en el mundo. Sin embargo, empresas internacionales conservan operaciones y participaciones en diversos proyectos petroleros en territorio venezolano.
En 2024, PDVSA mantenía una producción diaria cercana a 922,000 barriles a pesar de operar con personal reducido después del proceso electoral. Sanciones estadounidenses exigen autorizaciones para la planificación y operación de proyectos a compañías extranjeras.
La empresa estadounidense Chevron tiene entre el 25% y 60% de participación en cinco proyectos terrestres y marinos. La firma exportó aproximadamente 150,000 barriles diarios a Estados Unidos en noviembre y 100,000 barriles en diciembre, funcionando conforme a las regulaciones vigentes.
Por su parte, la petrolera rusa estatal Rosneft ha otorgado préstamos millonarios garantizados por ventas de petróleo y participa en empresas conjuntas valoradas en cerca de 5,000 millones de dólares.
Compañías chinas, como China National Petroleum Corp y Sinopec, mantienen participaciones en yacimientos bajo empresas conjuntas con Venezuela, mientras que la firma privada China Concord Resources Corp planifica inversiones superiores a 1,000 millones de dólares para aumentar la producción hacia 2026.
Eni, la italiana, produce gas en el yacimiento marino de Perla, una empresa conjunta con Repsol que usaba gas para generación eléctrica. Aunque la deuda venezolana con Eni creció a 2,300 millones de dólares a mitad de 2025, las operaciones continúan sin alteraciones mayores.
En contraste, ExxonMobil ya no tiene presencia en el país tras rechazar migrar a empresas conjuntas. Mantiene reclamaciones legales por expropiaciones previas que suman casi 1,000 millones de dólares.
La española Repsol opera en varios campos de petróleo y gas y enfrenta la revocación de licencias estadounidenses desde marzo de 2025. Recibe petróleo de PDVSA como forma de pago de deudas, las cuales ascienden a más de 680 millones de dólares.
Shell, involucrada en el proyecto de gas Dragon con Trinidad y Tobago, mantiene gran parte de su planificación congelada tras la suspensión de acuerdos energéticos por parte de Venezuela.
En este contexto, las exportaciones petroleras venezolanas permanecen paralizadas y el sector enfrenta un panorama incierto ante sanciones, contratos revocados y la crisis política actual.
