La explosión de una camioneta cargada con explosivos frente a la base de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y entre diez y doce lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales. El vehículo estalló la tarde del sábado 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, en la zona centro del municipio, dañando viviendas, comercios y un centro de salud cercano.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó primero que investigaría el ataque como terrorismo, pero al día siguiente precisó que la carpeta quedó abierta por el delito de delincuencia organizada, lo que generó confusión y reavivó la discusión sobre el uso del término “narcoterrorismo” para describir este tipo de hechos ligados al crimen organizado.
El atentado, atribuido por autoridades y testimonios locales al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba en Ciudad de México un acto masivo para celebrar la llegada de la autollamada Cuarta Transformación al gobierno federal, coincidencia que alimentó el debate político en medio de la nueva estrategia de seguridad.
“El coche bomba en Coahuayana reavivó la discusión sobre si México enfrenta actos de narcoterrorismo o violencia del crimen organizado.”
En conferencias y entrevistas, la presidenta ha pedido a la FGR explicar los criterios usados para cambiar el tipo penal, al recordar que en México el concepto de terrorismo tiene una definición específica en el Código Penal y no incluye, de manera expresa, la categoría de “narcoterrorismo”, usada más en el discurso público que en la ley. La dependencia sostiene que la evidencia recabada apunta a una disputa entre grupos criminales, más que a un intento directo de desestabilizar al Estado.
Especialistas en seguridad pública consultados por distintos medios señalan que, desde 1994, en México se han registrado más de 20 atentados con coches bomba o artefactos explosivos vinculados al crimen organizado, lo que ha llevado a plantear si algunos de ellos deben considerarse actos de “narcoterrorismo” por su impacto en la población civil y en la percepción de miedo. Sin embargo, advierten que la tipificación penal sigue ubicándolos, en la mayoría de los casos, dentro de la delincuencia organizada.
En la memoria colectiva destacan hechos como los ataques con granadas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, durante la ceremonia del Grito de Independencia, donde murieron varias personas y más de un centenar resultaron heridas; y el incendio provocado en el Casino Royale de Monterrey, el 25 de agosto de 2011, que dejó 52 víctimas mortales. Ambos casos han sido recordados como algunos de los episodios más graves de violencia contra civiles desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006.
La región de Michoacán, y en particular la costa y Tierra Caliente, vive desde hace años una escalada en el uso de explosivos por parte de grupos criminales, que incluyen minas artesanales y drones, y que ahora se extiende al uso de vehículos cargados con explosivos. En Coahuayana, organizaciones civiles y autoridades locales señalan que la población queda atrapada entre la disputa de los cárteles, mientras intenta mantener actividades productivas como la agricultura y el comercio.
En redes sociales, medios y cuentas verificadas difundieron videos grabados tras la explosión, donde se observan los daños materiales en la comandancia y edificios cercanos, así como la movilización de cuerpos de emergencia; las autoridades pidieron evitar compartir imágenes sensibles y centrarse en información confirmada. La investigación sigue a cargo de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mientras el debate sobre el uso del término “narcoterrorismo” vuelve al centro de la conversación pública en México.
