La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Salud para prohibir la adquisición y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores. El bloque de la 4T y sus aliados sumaron 324 votos a favor, frente a 129 en contra de la oposición y cero abstenciones.
El texto incorpora el artículo 282 Quáter, que prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de estos dispositivos. Las sanciones van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs, equivalentes a unos 225 mil pesos.
En medio de la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, subió a tribuna con una enorme caja envuelta como regalo para protestar contra la reforma, a la que calificó como “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”. Recordó que en diciembre de 2024 ya había vapeado en el pleno como señal de inconformidad.
Reyes sostuvo que el dictamen “criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores” con penas de hasta ocho años de cárcel. Para dimensionar el impacto, comparó esas sanciones con las que se aplican por golpear a una mujer o por difundir imágenes íntimas sin consentimiento, que en algunos casos contemplan penas menores.
“Eso no es salud pública, eso es un regalo envuelto para el crimen organizado”, acusó la diputada de MC al cerrar su intervención.
Desde la bancada del PRI, la legisladora Ana Isabel González fijó su preocupación por el artículo 282 Quáter, al advertir que la redacción permite castigar con cárcel a “cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico, a cualquiera que consuma, suministre, produzca o importe estos productos”. Subrayó que la multa máxima de 2 mil UMAs sería “extrema” para la población.
González advirtió además que una persona podría ir a prisión incluso si deja un vapeador en su coche, pues la autoridad podría interpretar que está “conservando” el producto. A su juicio, la ambigüedad del texto abre la puerta a abusos y a una posible criminalización del consumidor, no sólo de quienes los comercializan.
En defensa del dictamen, la diputada del PT Margarita García afirmó que ella “no regalaría un vapeador en estas fechas”, sino afecto y acompañamiento a los jóvenes. Sostuvo que en el documento no se castiga “uso, consumo ni portabilidad” y que, si una persona lleva su vapeador en el coche, “es libre de fumarlo”, por lo que pidió a la oposición “no engañar al pueblo” sobre el alcance de la reforma.
El panista Federico Döring calificó de incongruente que Morena impulse como prioridad penalizar la portación de un vapeador mientras hospitales y centros de salud siguen enfrentando carencias de medicamentos, vacunas e insumos básicos. Señaló que el gobierno no ha resuelto los problemas de abasto, pero sí endurece castigos en una materia que, dijo, debería privilegiar la prevención.
Por Morena, el diputado Fernando Mendoza negó que la ley tenga como objetivo enviar a la cárcel a los usuarios. Afirmó que la reforma distingue entre “quien pone el producto tóxico en el mercado”, que sería sancionado, y la persona con adicción, a la que se considera sujeto de atención en salud. También acusó a la oposición de sostener una “campaña de desinformación” sobre el contenido del dictamen.
Al concluir la votación, la diputada Iraís Reyes reiteró que la norma “suena a salud, pero huele a otra cosa” y aseguró que parece escrita y cabildeada para que el crimen organizado siga lucrando con el mercado ilegal de vapeadores. Cerró su participación con la frase: “¡Feliz Navidad al crimen organizado, de parte de Morena y sus aliados!”, mientras dejaba caer la gran caja de regalo sobre la tribuna.
