La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que inició en septiembre de 2025, tiene en lista varios temas cruciales por resolver en su primer periodo de sesiones del 2026.
Encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, la Corte retomó asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa y la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este tema es relevante para el gobierno federal, pues forma parte de su estrategia para combatir la impunidad, pese a las limitaciones en la investigación de las fiscalías.
En 2024, se amplió aún más la prisión preventiva obligatoria para delitos como extorsión, contrabando y manejo de comprobantes fiscales falsos, obligando a los acusados a permanecer en prisión durante el proceso judicial.
Entre otros temas pendientes figura la discusión sobre la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, cuya propuesta fue impulsada por la ministra Lenia Batres y ha generado debate.
También están en espera impugnaciones sobre la operación del Ejército en aerolíneas y aeropuertos, así como cambios a la Ley Minera.
Además, la discusión sobre la consulta previa a personas con discapacidad se aplazó para escuchar opiniones de organizaciones defensoras de esos derechos.
La Corte postergó la votación de propuestas para limitar el interés legítimo que asociaciones civiles tienen para promover amparos, y casos sobre el doble cobro del IVA a maquiladoras.
Desde septiembre, cuando asumieron sus cargos electos por voto popular por primera vez, los nuevos ministros han resuelto casos fiscales relevantes, como el rechazo a recursos legales de empresas de Ricardo Salinas Pliego, permitiendo exigir adeudos por 51 mil millones de pesos.
También avalaron el cobro por uso de calles a aplicaciones de reparto en Ciudad de México, a pesar de protestas de repartidores.
