Maggie Tamez
El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la reforma a la Ley del IPSSET es una medida preventiva y responsable para garantizar el pago de pensiones actuales y futuras de las y los trabajadores del Estado y del magisterio, ante el riesgo de colapso financiero del fondo en el corto y mediano plazo.
El mandatario explicó que el sistema de pensiones arrastraba un rezago estructural desde hace décadas, derivado de aportaciones insuficientes y del aumento en la esperanza de vida, situación que no fue atendida por administraciones anteriores pese a estar prevista su revisión periódica.
“La reforma a la ley del IPSSET responde a una decisión del Estado tomada con plena conciencia de su trascendencia y con absoluto respeto a las y los trabajadores al servicio público del Estado y del Magisterio”.
Villarreal Anaya detalló que, al inicio de su administración, se detectó que la viabilidad del fondo estaba comprometida en el corto plazo, por lo que se implementaron estrategias para mejorar el manejo del patrimonio del Instituto, logrando incrementar en 37 por ciento las reservas líquidas, al pasar de 961 a mil 318 millones de pesos, lo que permitió extender la suficiencia financiera hasta 2028, no obstante, advirtió que estas acciones no eran suficientes sin una reforma de fondo.
Tras más de un año de mesas de trabajo y diálogo con organizaciones sindicales, el Ejecutivo estatal impulsó una modificación legal aprobada por el Congreso del Estado y vigente a partir del 1 de enero de 2026, que amplía los conceptos de cotización, incorpora prestaciones como despensa, quinquenio y compensaciones, y establece un incremento gradual en las aportaciones, con mayor impacto presupuestal para el Gobierno del Estado.
El gobernador recalcó que la reforma respeta los derechos adquiridos de los trabajadores en activo y de los pensionados, mantiene la edad de jubilación establecida en la ley de 2015 para quienes ya laboran y fija en 65 años la edad para las nuevas generaciones, además de conservar el tope máximo de pensión en 10 salarios mínimos mensuales, en lugar de la UMA.
“Asegurar el pago de las pensiones actuales y futuras, respetando los derechos adquiridos y construyendo un modelo sostenible para las nuevas generaciones, fue el eje central de esta reforma”
Finalmente, señaló que esta modificación representa un hecho inédito en la previsión social de Tamaulipas, al equilibrar la protección de los trabajadores actuales con la estabilidad financiera del sistema para quienes ingresen al servicio público en el futuro.
