Miriam Vallejano/ La Réplica
Antes de hablar de “dignificar el periodismo en Tamaulipas”, habría que empezar por lo esencial: garantizar salarios justos para las y los periodistas.
Urge establecer mecanismos estatales de protección, asegurar que los empleadores cumplan con la ley laboral y regular a los medios de comunicación, agencias de marketing digital y plataformas que prestan servicios tanto a instituciones públicas como a empresas privadas.
Hoy, muchos de esos espacios están dirigidos por personas ajenas a la labor periodística real: la de investigar, narrar, cuestionar, proponer y construir agenda pública. Para ellos, el periodismo no es vocación ni compromiso social, sino simplemente un negocio. Y uno muy rentable.
Además, la iniciativa que se discute representa un riesgo para el periodismo independiente.
Antes de intentar “ordenar” el último eslabón de la cadena, habría que revisar a fondo a las empresas que facturan a entes gubernamentales sin garantizar derechos laborales básicos. Empresas que cambian de razón social cada año, que rotan propietarios entre familiares o allegados, y que han hecho de la evasión de responsabilidades un modelo de operación.
Existen casos concretos —como el de City Channel en Tampico— donde comunicadores con experiencia y trayectoria han sido despedidos sin reconocimiento de su antigüedad ni acceso a prestaciones. Cuando buscan hacer valer sus derechos, se enfrentan a un patrón que simplemente niega la relación laboral. Ese tipo de prácticas no deberían tener cabida en un sistema que presume legalidad.
Si realmente se quiere fortalecer el periodismo, entonces hay prioridades más urgentes: proteger a quienes lo ejercen, crear una fiscalía especializada que funcione, esclarecer los homicidios pendientes y sancionar las agresiones contra periodistas. Tamaulipas sigue teniendo deudas graves en esta materia.
También es fundamental reconocer el valor de las redes de mujeres periodistas, que han impulsado la capacitación, la profesionalización y la modernización del oficio desde una perspectiva colectiva y solidaria.
La diputada Cinthya Jaime ha presentado una iniciativa para crear el Colegio de Periodistas de Tamaulipas, con el objetivo —según lo expuesto en el Congreso— de “ordenar” el ejercicio periodístico y recuperar el respeto hacia el gremio.
Sin embargo, la reacción del sector ha sido clara. Periodistas han levantado la voz, han iniciado procesos legales y han marcado un límite frente a propuestas que, aunque se presenten como autónomas, generan dudas sobre posibles mecanismos de control desde el poder.
El proyecto plantea un organismo sin facultades sancionatorias, basado en la autorregulación, donde el propio gremio defina sus reglas y código de ética. Incluye figuras como recomendaciones éticas y extrañamientos públicos, sin efectos legales.
En el papel, suena correcto. En la práctica, el contexto obliga a cuestionarlo.
Es cierto: no todas las personas que sostienen un teléfono son periodistas. Pero también es cierto que el oficio se aprende, se construye y se ejerce en la realidad, muchas veces desde la necesidad de visibilizar injusticias, gestionar apoyos, denunciar fallas del sistema y defender causas.
Y así como no todos los que comunican son periodistas, tampoco todos los que legislan saben hacerlo.
