Maggie Tamez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— De enero a octubre de 2026, Tamaulipas registra cerca de 170 casos de privación ilegal de la libertad, de los cuales alrededor del 70 por ciento de las víctimas han sido localizadas con vida, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco.
El funcionario explicó que, en los casos de personas desaparecidas o no localizadas, la Fiscalía mantiene un nivel de eficiencia de entre 65 y 70 por ciento, con resultados que, aseguró, muestran una tendencia a la baja en lo que va del año.
“De enero a este mes se tienen cerca de 170 privaciones ilegales de la libertad, de las cuales, repito, se han recuperado las personas con vida, sanas y salvas, hasta en un 70%”.
Al ser cuestionado sobre los casos de personas extranjeras reportadas como desaparecidas en la zona norte del estado, Govea Orozco señaló que han sido pocos durante este año, aunque no detalló cifras específicas sobre víctimas extranjeras ni municipios en los que se hayan registrado estos hechos.
Respecto a las declaraciones de una representante consular de Estados Unidos sobre la preocupación por la extorsión y posibles afectaciones a empresas estadounidenses, el titular de la Fiscalía afirmó que, hasta ese momento, no tenían conocimiento de una denuncia en esos términos.
Como referencia, mencionó el caso de PepsiCo en Matamoros y aseguró que la investigación realizada por la Fiscalía permitió determinar que los hechos no estuvieron relacionados con un ataque, amenaza o amago de la delincuencia organizada, como se había planteado en algunas versiones.
“Yo nada más les haría una referencia al caso de PepsiCo en Matamoros hace unos meses, en donde la investigación nos permitió establecer y determinar a grado de certeza que esa situación no se debió a ningún ataque, ningún amago o el cumplimiento de una amenaza por parte de la delincuencia organizada”.
En cuanto a la relación entre la Fiscalía y el Poder Judicial, Govea Orozco señaló que ambas instituciones deben trabajar de manera coordinada, pero respetando sus respectivas competencias, explicó que los actos de investigación y el ejercicio de la acción penal deben apegarse a derecho, mientras que los jueces tienen la responsabilidad de revisar que se respete el debido proceso y las garantías de las personas involucradas.
