Maggie Tamez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Tamaulipas para fortalecer la protección de las víctimas del delito de acecho, ampliar las circunstancias agravantes y reforzar las sanciones contra quienes incurran en este tipo de conductas.
Las modificaciones a los artículos 318 y 318 fueron avaladas por el Pleno Legislativo como parte de los trabajos impulsados en torno a la denominada Ley Valeria, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de violencia.
La reforma establece con mayor precisión la descripción del delito de acecho y determina que, en términos generales, será perseguido por querella. Sin embargo, cuando la víctima sea menor de edad, pertenezca a un grupo vulnerable o el presunto responsable sea una persona servidora pública, la persecución se realizará de oficio por parte de las autoridades.
Además, se ampliaron las agravantes para castigar con mayor severidad los casos en que el acecho se cometa mediante el uso de dispositivos tecnológicos para vigilar, monitorear o establecer contacto no deseado con la víctima.
Las nuevas disposiciones también contemplan sanciones más estrictas cuando la conducta provoque afectaciones significativas en la vida cotidiana de la persona afectada, cause daños a sus bienes o a los de sus familiares, o se dirija contra personas en condición de vulnerabilidad.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma establece que, cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública utilizando información personal obtenida por razón de su cargo, además de las sanciones penales correspondientes, podrá aplicarse la destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
El dictamen aprobado deriva de iniciativas presentadas por las diputadas Ana Laura Huerta Valdovinos y Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, quienes impulsaron modificaciones orientadas a fortalecer la protección de las víctimas y prevenir conductas que vulneren su seguridad, libertad y tranquilidad.
Con estas reformas, la Legislatura 66 busca fortalecer el marco jurídico estatal para atender una problemática que ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años, particularmente por el uso de herramientas tecnológicas para la vigilancia, seguimiento o acoso persistente de las personas.
